Educación y paro: otra estafa al ciudadano

Base documental:

Se exponen datos, en algunos casos, poco conocidos por la opinión pública, pero necesarios para entender más adelante las afirmaciones vertidas en las conclusiones

Si en algo están de acuerdo todos los partidos políticos es que para salir de la crisis es necesario que el desempleado tenga más y mejor formación, de cara a mejorar su preparación y aumentar sus expectativas de empleo.

Sólo hay que consultar los datos estadísticos para llegar a una realidad que haría sonrojar a cualquiera, pero que para los políticos españoles parece ser algo natural:

.- actualmente existen 1.028.000 personas (de ambos sexos) en paro, cuya formación es sólo la educación primaria;

.- 2.112.000 tienen formación secundaria primaria

.- 1.330.000 tienen formación secundaria de segunda etapa.

Estos datos, que son de ámbito nacional, deben ser extrapolados a Andalucía, tomando como parámetro, por un lado que la población andaluza (8.424.102 habitantes) representa el 17,8% de la población nacional (47.190.493 habitantes) y compararlo con las cifras de paro que en Andalucía (1.043.714 parados) representa el 22,1% del total de paro en España (4.714.122 parados)

Por ceñirnos a la realidad de nuestra comunidad andaluza, hay que saber que el actual gobierno autonómico tiene establecido que las competencias para la formación a parados están a cargo de la Consejería de Educación.

Un detalle que pocos conocen acerca de la Formación Profesional: la nueva Ley Orgánica de Enseñanza (LOE) que sustituye a la anterior Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) y ha introducido un cambio que afecta especialmente a la Formación Profesional.

Este cambio consiste en la implementación de un nuevo referente de convalidación a nivel europeo, ya que todos los nuevos ciclos formativos de FP, definidos por la LOE, llevan implícitos un reconocimiento común a nivel europeo: las COMPETENCIAS PROFESIONALES. Ahora, la realización de un ciclo formativo lleva implícita la adquisición de ciertas COMPETENCIAS PROFESIONALES que son comunes para los principales estados miembros de la CEE.

Se pretende con esto que los trabajadores de cualquier país validen su “saber hacer” no por los estudios realizados, sino por las competencias profesionales adquiridas, bien por estudios reglados, bien por años de trabajo, bien por formación ocupacional o de cualquier otro tipo, etc…

Por último otro detalle al respecto: existen cinco niveles de cualificación, graduadas en función de la complejidad de la competencia adquirida, desde la más simple, que requiere de conocimientos y capacidades limitados, a la más compleja, que habilita para un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con gran autonomía y de las que derivan responsabilidades de dirección y gestión.

A día de hoy en Andalucía, a comienzos del curso escolar 2012/13, se achaca a la crisis económica y a la aplicación de los recortes en Educación, el origen de la pérdida de 5.000 empleos en la enseñanza. Una de las medidas que ha dado origen a este despido masivo ha sido subir dos horas más el total de horas lectivas semanales por profesor; la otra medida es el crecimiento CERO en nuevos ciclos o nuevas líneas (cursos) en las distintas enseñanzas de Formación Profesional y otras enseñanzas regladas.

A día de hoy, en la comunidad de Andalucía se han convocado 3.500 cursos de formación para cursos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, de los cuales, a modo de ejemplo: 463 los imparte  CCOO, 473 los imparte UGT, 1 lo imparte CSIF, 22 los imparte USO, 163 la Confederación de Empresarios de Andalucía, 20 la Junta de Andalucía, 74 los imparte las Mancomunidades de Municipios, 250 los imparten los Ayuntamientos, 85 los imparte las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, 28 los imparte los Colegios La Salle, 11 los imparte los Colegios Salesianos, 46 los imparte la Fundación Forja XXI, 29 los imparte la Fundación Geron, 26 los imparte la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo.

El resto de cursos hasta un total de 1809, los imparten una constelación de academias, fundaciones y otras entidades de carácter privado.

Pero, si hay que quedarse con un dato revelador sobre los cursos para desempleados, es este otro dato: 2.519 cursos, el 72% del total, no otorgan ningún Certificado de Profesionalidad.

A comienzos de este verano se ha producido un hecho sin precedentes en el sistema educativo de enseñanza reglada y es el desbordamiento de solicitudes de matricula en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Este aumento de solicitudes de matricula también se ha constatado en otros ámbitos de la enseñanza, principalmente en la Formación Profesional, en prácticamente todos las familias profesionales.

Resumen:

Los datos expuestos anteriormente, secuenciados en ese orden no dejan de ser un reflejo de la realidad, de la que aparentemente sólo cabría pensar que son las consecuencias de una fatídica ola de desgracias económicas que nos zarandean como país y nos acongojan como ciudadanos.

Sin embargo, sólo hay que ordenar, aplicar un poco de sentido común y conjugar correctamente los tiempos verbales para empezar a ver lo que se esconde tras este río revuelto de acontecimientos nefastos: otra estafa más al ciudadano, promovida por aquellos que desde los poderes públicos nos gobiernan.

1.- de los datos estadísticos del paro en Andalucía se pone de manifiesto que un gran porcentaje de ciudadanos, que en su día abandonó los estudios elementales para incorporarse al mercado laboral, ahora además de encontrarse en paro, encuentran que su formación es básica y muy deficiente, que le brinda pocas esperanzas  para incorporarse a un mercado laboral muy exigente en cuanto solicita una formación muy especializada.

2.- el sistema educativo, en el ámbito nacional ha trasladado a las autonomías una reforma educativa, que entre sus objetivos, promueve la homologación de estudios o competencias con el resto de estados de la CEE, para de ese modo, facilitar el transito de trabajadores entre los estados miembros.

3.- en estos tres últimos años, como consecuencia lógica del aumento del paro, se viene detectando un aumento considerable de demanda de formación en estudios reglados, aquellos que otorgan certificados de profesionalidad tras su realización.

4.- nuestro sistema educativo, en cuanto a dotación material y cualificación de los profesionales de la enseñanza, está a un nivel muy aceptable y admitiría, sin demasiada dificultad, una ampliación considerable de nuevos alumnos, simplemente habilitando un horario de tarde en los centros, para de esta forma, hacer frente a la gran demanda de matriculas de personas en paro.

5.- la formación profesional ofrecida a través de los cursos para desempleados ofrecen una formación inútil y fuera del ámbito europeo al que pretendemos incorporarnos: sólo el 28% de la oferta de formación ofrece una titulación homologada.

Primera conclusión: Lo que en realidad es, una estafa

Analizado los argumentos y enhebrando correctamente los datos, podemos afirmar que nos encontramos ante una estafa al ciudadano de una magnitud sin igual.

De un lado se están dilapidando incontables recursos económicos en cursos en los que, aunque el alumno aprenda algo, se demuestra que no valen nada para su principal objetivo, la búsqueda de trabajo, pues lo primero que pedirá cualquier empresa, sujeta a unas normas básicas de calidad, es el correspondiente título o certificado de profesionalidad, de lo que el 72% de estos cursos carecen.

De otro lado se dan vanas esperanzas a desempleados que, ante el desconocimiento, piensan que el tiempo que están invirtiendo les será recompensado con la obtención de un título.

Por tanto se estafa en el dinero al erario público y al parado en una  pérdida de tiempo que podría ocupar en una formación idónea.

En este disparate, un ente público, la Junta de Andalucía, con fondos públicos, favorece el lucro de entidades privadas, como fundaciones, sindicatos, federaciones de empresarios, etc… y abandona por completo su primer objetivo, que es la promoción y mejora de las instituciones que están bajo su tutela, como es la enseñanza pública.

Como profesional de la enseñanza puedo dar datos concretos de la realidad de mi trabajo. Empezaré diciendo, que en mi departamento, donde se imparten 3 ciclos formativos y atendemos a un total de unos 180 alumnos, tenemos una dotación anual para gastos de material fungible que, en años pasados, no sobrepasaba los 6.000 euros. Por otro lado consideremos un curso para desempleados tipo: “Mantenedor reparador de edificios”, 580 horas, 15 alumnos, sin certificado de profesionalidad, dotado con 6000 euros por alumno. Saquen Vds. sus propias conclusiones.

Con un mínimo de los recursos económicos que se ponen a disposición en los cursos otorgados a estas entidades privadas, el sistema educativo en Andalucía podría dar formación homologada a miles de desempleados; pero sin embargo, en este engaño se desprecia a la persona que en su día, con su trabajo y por medio de impuestos, ayudó al mantenimiento del sistema educativo y ahora se encuentra las puertas de los centros educativos cerradas a su formación, que sabe es la necesaria para su futuro profesional.

Segunda conclusión: Lo que debería ser

Analizando los puntos anteriores, es fácil concluir que el despido masivo de interinos que se ha producido estos días, podría haberse minimizado, simplemente abriendo los institutos por las tardes y contratando al personal necesario para aquellas especialidades que han visto desbordadas todas las previsiones, p.e. en Escuelas de Idiomas o ciclos formativos de F.P. u otras donde la demanda así lo justificara.

La dotación económica necesaria para cubrir tal demanda podría obtenerse de aquellos cursos de formación profesional para el empleo que no ofrezcan a su finalización, ninguna cualificación de profesionalidad.

Es de justicia que la administración pública no promueva el engaño y al igual que exige que se cumpla p.e. una norma de circulación, debería impedir que se gaste un solo euro en cursos que sabe, no cumplen una norma de carácter europeo, como es la homologación de cualificaciones profesionales, mediante la obtención de competencias profesionales.

Si la administración, según alardea, desea que la formación sea la fuerza que promueva la salida de la crisis mediante la obtención o creación de empleo, debería apostar por una formación reglada y desmantelar todo el sistema de cursos que benefician a todo tipo de entes privados, academias, fundaciones, etc… y a su vez, apostar por la creación de un único sistema educativo que integre todos los sistemas de formación profesional, la reglada, la ocupacional, para el empelo y la formación continua.

Juan José Esteban Morales

Profesor Técnico de Formación Profesional

profeintec@andaluciajunta.es